Aviso legal & condiciones generales
La presente versión sustituye a la versión 18 de 15 de noviembre de 2026 y se aplica a los encargos aceptados tras su publicación. De conformidad con el artículo 22.2, los encargos aceptados con anterioridad siguen rigiéndose por la versión vigente en el momento de su aceptación. Consultar la versión anterior (versión 18 — 15 de noviembre de 2026).
Aviso legal
1. Identidad y estructura
1.1. PEETERS LAW es la denominación profesional bajo la cual Karen-Anne Peeters ejerce su actividad profesional como abogada.
1.2. Karen-Anne Peeters es abogada en Bélgica y está inscrita en: 1.2.1. el Colegio de Abogados de Amberes; 1.2.2. la Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.
1.3. La actividad profesional se ejerce, según la naturaleza del expediente, la organización contractual, la facturación o la prestación de servicios de que se trate: 1.3.1. bien por Karen-Anne Peeters como persona física, número de empresa y número de IVA BE 0817.060.890; 1.3.2. bien a través de PEETERS LAW BV, con sede en Jos Smolderenstraat 65, 2000 Amberes, Bélgica, número de empresa y número de IVA BE 1032.386.143.
1.4. La entidad contratante se hará constar en la confirmación del encargo, la correspondencia o la factura.
1.5. Despacho de Amberes: Jos Smolderenstraat 65, 2000 Amberes, Bélgica.
1.6. Despacho de Bruselas: Avenue des Arts 44, 1040 Bruselas, Bélgica.
1.7. Datos de contacto: correspondencia general info@peeterslaw.com; correspondencia vinculada a expedientes karen@peeterslaw.com; teléfono +32 3 377 83 53 / +32 2 884 74 74.
2. Dominus litis
2.1. Salvo pacto expreso en contrario mediante poder, mandato o estipulación contractual, Karen-Anne Peeters actúa como dominus litis en los expedientes que se le confían. Conserva la dirección del expediente, determina su rumbo jurídico y estratégico y asume la responsabilidad última del tratamiento del asunto en su conjunto.
2.2. En expedientes transfronterizos o especialmente complejos podrán articularse, si la naturaleza del asunto así lo requiere, estructuras de colaboración o regímenes de mandato distintos.
3. Seguro de responsabilidad civil profesional
3.1. Karen-Anne Peeters está asegurada profesionalmente a través de Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Bruselas, mediante Vanbreda Risk & Benefits.
3.2. La póliza ofrece cobertura mundial, con exclusión de los Estados Unidos, Canadá y los litigios que estén sujetos a la jurisdicción de dichos países.
3.3. Si los encargos se extienden más allá del alcance territorial de la póliza, se prevé, en su caso, cobertura adicional.
3.4. Para las prestaciones realizadas por PEETERS LAW BV rige un seguro de responsabilidad civil profesional independiente a través de Amlin Europe NV / Vanbreda Risk & Benefits.
3.5. Para las prestaciones realizadas por Karen-Anne Peeters como empresaria individual, actuando a título personal, rige asimismo una cobertura de seguro.
3.6. En su caso, se mantiene una cobertura de run-off o posterior conforme a las normas deontológicas aplicables, en particular en caso de modificación de la inscripción, de la estructura del despacho o de cese del ejercicio de la práctica.
3.7. Estos seguros cumplen los requisitos mínimos impuestos por la Orde van Vlaamse Balies (Colegio de Abogados Flamencos) y la Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG).
3.8. El despacho dispone además de un seguro cibernético. PEETERS LAW utiliza sistemas de software y de comunicación profesionales y adopta medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y las obligaciones legales y deontológicas aplicables.
4. Prestación de servicios jurídicos y derecho aplicable
4.1. Karen-Anne Peeters presta asesoramiento jurídico, asistencia jurídica, servicios de resolución alternativa de conflictos y representación en procedimientos judiciales y arbitrales, con especial atención a las cuestiones jurídicas internacionales y transfronterizas, entre otros entre Bélgica, España y la Unión Europea.
4.2. Salvo acuerdo en contrario, estos servicios se rigen por el Derecho belga.
4.3. Los litigios corresponden en principio a la competencia de los tribunales de Bruselas (sección neerlandófona), sin perjuicio del artículo 624 del Código Judicial, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 y de las disposiciones imperativas en materia de protección de los consumidores.
5. Normas profesionales y deontología
5.1. Karen-Anne Peeters actúa conforme a: 5.1.1. las normas de la Orde van Vlaamse Balies (Colegio de Abogados Flamencos), entre ellas el Código Deontológico de los Abogados; 5.1.2. las normas del Colegio de Abogados de Amberes; 5.1.3. las normas de la Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG); 5.1.4. las normas de la Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles; 5.1.5. las normas deontológicas europeas e internacionales aplicables a los abogados, entre ellas el código de conducta del CCBE.
5.2. Más información está disponible en advocaat.be y avocats.be.
6. Cookies
6.1. Este sitio web no utiliza cookies con fines analíticos, de seguimiento o de optimización.
Condiciones generales
Artículo 1. Identidad y estructura de la práctica
1.1. PEETERS LAW es la denominación profesional bajo la cual Karen-Anne Peeters ejerce sus actividades profesionales como abogada.
1.2. Karen-Anne Peeters es abogada en Bélgica e inscrita en el Colegio de Abogados de Amberes y en la Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.
1.3. Las actividades profesionales se ejercen, según la naturaleza del expediente, la organización contractual, la facturación o la prestación de servicios de que se trate, bien por Karen-Anne Peeters como persona física (número de empresa y número de IVA BE 0817.060.890), bien a través de PEETERS LAW BV (sede Jos Smolderenstraat 65, 2000 Amberes, número de empresa y número de IVA BE 1032.386.143).
1.4. La entidad contratante se indica en la confirmación del encargo, la correspondencia o la factura.
1.5. Ambas entidades se designan conjuntamente en estas condiciones generales como «PEETERS LAW».
Artículo 2. Aplicabilidad y reserva en favor del consumidor
2.1. Estas condiciones generales se aplican a todos los encargos, prestaciones, asesoramientos, correspondencia, consultas y servicios prestados por PEETERS LAW, salvo excepción escrita.
2.2. Al recurrir a los servicios de PEETERS LAW, el cliente acepta estas condiciones generales.
2.3. Estas condiciones generales se adjuntan a la oferta y/o a la confirmación del encargo, o se mencionan expresamente en ellas, de modo que el cliente pueda conocerlas antes de la aceptación del encargo. Las cláusulas negociadas individualmente en la confirmación del encargo o en el acuerdo de honorarios prevalecen sobre estas condiciones generales. Sin perjuicio del artículo 5.23 del Código Civil belga, las condiciones generales o particulares del cliente solo se aplican en la medida en que PEETERS LAW las haya aceptado de forma expresa y por escrito.
2.4. Si el cliente es un consumidor en el sentido del Libro I del Código de Derecho Económico, las cláusulas aquí recogidas solo se aplican en la medida en que sean compatibles con las disposiciones imperativas del Libro VI del Código de Derecho Económico y con las normas deontológicas aplicables. Ninguna cláusula tiene por objeto limitar los derechos legales del consumidor.
2.5. Si una o varias disposiciones fueran total o parcialmente nulas, inejecutables o contrarias a derecho imperativo, ello no afectará a la validez de las demás disposiciones.
2.6. Exclusivamente respecto de los clientes que actúen en el marco de su actividad profesional o empresarial (B2B), las partes se comprometen, si alguna disposición de estas condiciones generales resultara nula, inválida o inejecutable, a pactar de común acuerdo una disposición válida que se aproxime lo más posible a la finalidad jurídica y económica original, en la medida en que lo permita el derecho aplicable. La presente disposición no se aplica a los contratos celebrados con consumidores (B2C).
Artículo 3. Naturaleza de la prestación de servicios
3.1. PEETERS LAW presta, entre otros, asesoramiento jurídico; asistencia en negociaciones; representación en procedimientos judiciales y arbitrales; resolución alternativa de conflictos, incluida la mediación y la negociación colaborativa; coordinación jurídica en expedientes transfronterizos; y análisis jurídico estratégico y comparado.
Artículo 4. Dominus litis y organización del expediente
4.1. Salvo pacto expreso en contrario, Karen-Anne Peeters coordina el tratamiento jurídico y estratégico del expediente como dominus litis.
4.2. Dentro de los límites de la deontología, PEETERS LAW puede, cuando la tramitación de un expediente concreto lo requiera, recurrir a la asistencia de abogados externos, corresponsales, peritos, notarios, asesores técnicos, traductores u otros prestadores de servicios en Bélgica o en el extranjero. Dicha asistencia es puntual y circunscrita al expediente de que se trate; no implica ninguna colaboración estructural, asociación ni agrupación profesional multidisciplinar con dichas personas.
4.3. PEETERS LAW responde de la elección diligente de tales terceros, pero, salvo culpa grave o dolo, no es responsable de las prestaciones propias de estos.
Artículo 5. Identificación del cliente, obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y UBO
5.1. PEETERS LAW está sujeta a la Ley de 18 de septiembre de 2017 relativa a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y a la limitación del uso de efectivo, así como a los reales decretos de aplicación y a las normas deontológicas aplicables.
5.2. PEETERS LAW identifica al cliente, a sus representantes y, en su caso, a los titulares reales (UBO) conforme a la normativa aplicable.
5.3. El cliente se compromete a facilitar toda la información y los documentos necesarios de manera oportuna, exacta y completa, y a comunicar sin demora cualquier modificación.
5.4. PEETERS LAW puede, en función del perfil de riesgo del expediente, solicitar información adicional sobre el origen de los fondos, la naturaleza de las operaciones o la estructura del cliente.
5.5. Si el cliente no coopera en el cumplimiento de las obligaciones legales de identificación o de vigilancia, PEETERS LAW se reserva el derecho de rechazar, suspender o poner fin al encargo conforme a la normativa aplicable.
5.6. PEETERS LAW puede, en las circunstancias legalmente previstas, estar obligada a efectuar comunicaciones a la Célula de Tratamiento de la Información Financiera (CFI), conforme a la legislación aplicable.
5.7. La documentación de identificación y de las operaciones se conserva durante los plazos legalmente prescritos.
Artículo 6. Conflicto de intereses
6.1. PEETERS LAW efectúa, con carácter previo a la aceptación de un encargo, un control de conflictos de intereses conforme a las normas deontológicas aplicables.
6.2. Si durante la ejecución de un encargo surge o amenaza con surgir un conflicto de intereses, PEETERS LAW puede adoptar las medidas apropiadas, incluida, en su caso, la terminación de la intervención.
Artículo 7. Honorarios y costes
7.1. Los honorarios de PEETERS LAW se fijan de manera equitativa y moderada conforme a las normas deontológicas aplicables.
7.2. Salvo acuerdo en contrario, las prestaciones se facturan en principio sobre la base del tiempo invertido.
7.2bis. La tarifa horaria asciende como mínimo a 300,00 EUR por hora, IVA excluido (363,00 EUR con el 21 % de IVA incluido), y puede aplicarse, en función de los factores indicados en el artículo 7.3, dentro de una horquilla de hasta 600,00 EUR por hora, IVA excluido (726,00 EUR con el 21 % de IVA incluido). Se trata de tarifas horarias y no de un precio global cerrado por asunto. La tarifa aplicable dentro de esta horquilla se precisa, en su caso, en la confirmación del encargo o en el acuerdo de honorarios. Los importes con IVA incluido se calculan al tipo general del 21 %; cuando, conforme a las normas aplicables en materia de IVA, proceda otro tratamiento, el IVA se facturará en consecuencia.
7.3. Para la determinación de los honorarios podrá tenerse en cuenta, entre otros factores, la complejidad del expediente, la urgencia, la especialización requerida, el carácter internacional del expediente, el interés económico del asunto y la naturaleza de las prestaciones.
7.4. Los gastos adicionales, entre ellos las costas judiciales, los gastos de traducción, los gastos de desplazamiento, los gastos de terceros, las tasas de rol y los gastos administrativos, podrán facturarse por separado.
7.5. PEETERS LAW puede solicitar provisiones de fondos con anterioridad a la ejecución del encargo o durante esta.
7.6. Las facturas son pagaderas dentro de los quince días siguientes a la fecha de la factura, salvo indicación en contrario.
7.7. En caso de impago podrán adeudarse intereses y gastos de recobro conforme a la legislación y a las normas deontológicas aplicables. Frente a un consumidor rigen las reglas de reciprocidad y de límite máximo del Libro XIX del Código de Derecho Económico.
7.8. PEETERS LAW se reserva el derecho de suspender sus actividades en caso de impago, observando las obligaciones deontológicas aplicables.
Artículo 8. Cuenta de terceros
8.1. Los fondos recibidos por cuenta de clientes o de terceros se depositan en una cuenta de terceros conforme a las normas legales y deontológicas aplicables.
8.2. En la medida en que lo permitan las normas legales y deontológicas aplicables, PEETERS LAW puede destinar fondos que correspondan al cliente, mediante transferencia de la cuenta de terceros a su cuenta propia, al pago de honorarios o gastos pendientes y no controvertidos, o de provisiones de fondos debidas.
El cliente es informado por escrito, con carácter previo a dicha transferencia, del importe, la naturaleza y el destino del cargo.
Los fondos que pertenezcan a terceros o tengan un destino específico no se utilizan para este fin.
En caso de controversia, se observan las normas legales y deontológicas aplicables.
8.3. En caso de controversia, el litigio puede someterse al decano competente conforme al artículo 446ter del Código Judicial.
Artículo 9. Responsabilidad
9.1. Las obligaciones de PEETERS LAW constituyen en principio obligaciones de medios, salvo en aquello que la ley o una estipulación expresa del contrato regulen de otro modo.
9.2. PEETERS LAW está asegurada profesionalmente conforme a las obligaciones legales y deontológicas aplicables.
9.3. Salvo derecho imperativo, culpa grave, fraude o dolo, la responsabilidad de PEETERS LAW se limita a la cobertura del seguro de responsabilidad civil profesional aplicable, incrementada con la franquicia eventualmente aplicable.
9.4. Salvo derecho imperativo, culpa grave, fraude o dolo, PEETERS LAW no responde de los daños indirectos o consecuenciales, de los fallos de los sistemas de comunicación electrónica, de la ciberdelincuencia ajena a su control razonable, de los errores de los terceros a los que se recurra, ni de los daños derivados de información incorrecta o incompleta facilitada por el cliente.
9.5. Ninguna limitación prevista en este artículo menoscaba los derechos imperativos de un cliente consumidor en virtud del Libro VI del Código de Derecho Económico.
Artículo 10. Comunicación, medios electrónicos e intercambio digital de datos
10.1. PEETERS LAW emplea, en el marco de la ejecución de sus encargos, medios de comunicación electrónica, sistemas en la nube, plataformas digitales de expedientes, sistemas de presentación electrónica y aplicaciones de software profesionales, entre ellos el correo electrónico, WhatsApp, los rich communication services (RCS) y servicios de mensajería similares.
10.2. Según la naturaleza del expediente y lo acordado con el cliente, la comunicación se realiza, entre otros medios, por correo electrónico, teléfono, videoconferencia o servicios de mensajería.
10.3. En la ejecución del encargo, PEETERS LAW utiliza sistemas adecuados de comunicación electrónica, gestión documental y presentación electrónica, incluidas las plataformas de los tribunales, las administraciones y los demás organismos que intervengan en el expediente.
10.4. PEETERS LAW da preferencia al respecto, en la medida en que estén razonablemente disponibles y sean utilizables, a los sistemas institucionales, profesionales o seguros adaptados a la naturaleza del expediente y al tratamiento de datos necesario.
10.5. PEETERS LAW trata los datos personales conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos, entre ella el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Las modalidades concretas se recogen en el artículo 14.
10.6. Los mensajes electrónicos breves, incluidos los enviados mediante servicios de mensajería, pueden tener un carácter conciso, provisional o informal y no constituyen necesariamente un dictamen jurídico completo ni una representación completa del análisis fáctico, jurídico, procesal o estratégico del expediente. El cliente puede solicitar en todo momento que una cuestión determinada se trate por escrito o por otro canal de comunicación.
10.7. En la elección de los medios de comunicación se tienen en cuenta la naturaleza de la información, la confidencialidad requerida y las medidas de seguridad adecuadas. El uso de un determinado canal de comunicación no implica una renuncia general a la confidencialidad ni la aceptación de todos los riesgos que pudieran estar asociados a él.
Artículo 11. Confidencialidad, secreto profesional y organización de la práctica
11.1. PEETERS LAW está sujeta al secreto profesional conforme al artículo 352 del Código Penal belga, al artículo 18 del Codex Deontologie voor Advocaten de la Orde van Vlaamse Balies y al artículo 1.2, b), del Code de déontologie de l'avocat de AVOCATS.BE (OBFG), según sus respectivos ámbitos de aplicación, así como a las demás normas legales y deontológicas aplicables.
11.2. PEETERS LAW organiza su actividad con medios profesionales de despacho y medios digitales adecuados.
11.3. Las consultas y reuniones sobre los expedientes pueden celebrarse de forma presencial, telefónica o mediante medios de comunicación digital seguros, teniendo en cuenta la naturaleza del expediente y la confidencialidad requerida.
11.4. En la organización de la actividad se respetan el secreto profesional, la confidencialidad de los datos de los clientes y las obligaciones profesionales aplicables.
11.5. PEETERS LAW vela por que la confidencialidad de la comunicación con el cliente, de la información del expediente y del tratamiento profesional de datos quede garantizada conforme a las obligaciones legales, deontológicas y de seguridad aplicables.
11.6. La información del expediente, la correspondencia y la comunicación profesional se tratan, gestionan y conservan digitalmente a través de sistemas y dispositivos profesionales seguros bajo el control de PEETERS LAW y no a través de infraestructura compartida de terceros sin vinculación con el expediente.
11.7. PEETERS LAW trabaja en principio mediante tratamiento digital de expedientes. Los documentos físicos solo se conservan o tratan en la medida en que sea necesario para la ejecución del encargo, las obligaciones legales, fines probatorios o la protección de los intereses del cliente.
11.8. PEETERS LAW no utiliza sistemas de copia, escaneado o impresión compartidos o de acceso público para documentos confidenciales de expedientes.
11.9. Los terceros sin vinculación con el expediente no tienen acceso a la información confidencial del expediente, a los expedientes físicos, a los entornos digitales de expedientes ni a la comunicación con el cliente.
11.10. Para deliberaciones confidenciales y consultas vinculadas a expedientes se utilizan, en su caso, salas de reunión o de consulta separadas.
11.11. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13.1 y 13.4 de estas condiciones generales, el cliente se compromete a no difundir públicamente documentos confidenciales, asesoramientos o escritos procesales sin autorización previa por escrito de PEETERS LAW, cuando ello pueda comprometer el secreto profesional, los derechos de PEETERS LAW o de terceros, la confidencialidad de la comunicación o el buen desarrollo de los procedimientos.
Artículo 12. Herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y tratamiento digital
12.1. PEETERS LAW puede, en el marco de la ejecución del encargo, valerse de herramientas tecnológicas razonables y proporcionadas, instrumentos digitales de investigación, sistemas de automatización, aplicaciones en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial (IA).
12.2. Tales herramientas pueden utilizarse, entre otros, para investigación jurídica, estructuración de documentos, traducciones, resúmenes, apoyo lingüístico, análisis comparado, tratamiento administrativo, reflexión estratégica, correspondencia, tratamiento digital de expedientes y apoyo en la preparación de documentos.
12.3. PEETERS LAW conserva en todo momento el control profesional, intelectual y jurídico de la prestación de servicios. Los resultados de las herramientas tecnológicas o asistidas por IA se someten por parte de PEETERS LAW a una verificación crítica y de fondo propia antes de ser empleados en un asesoramiento o escrito procesal; la responsabilidad final por el contenido recae siempre en la abogada.
12.4. El uso de herramientas tecnológicas no exime a PEETERS LAW de sus obligaciones profesionales en materia de diligencia, secreto profesional, independencia y deontología.
12.5. Las herramientas tecnológicas, los entornos en la nube, las plataformas de presentación electrónica, los sistemas de carga, los sistemas de automatización y las aplicaciones de IA pueden, pese a medidas razonables de control, contener imperfecciones técnicas.
12.6. PEETERS LAW utiliza sistemas de comunicación, presentación, carga, nube y gestión de expedientes electrónicos, entre ellos plataformas digitales de tribunales, administraciones, instituciones de arbitraje, compañeros de profesión y otros terceros profesionales.
12.7. Salvo derecho imperativo, culpa grave, fraude o dolo, PEETERS LAW no puede ser considerada responsable de errores meramente técnicos, digitales o automatizados que escapen a su control razonable. La presente disposición se entiende sin perjuicio de los artículos 9.5, 12.3 y 12.4.
12.8. La información confidencial no se trata en principio a través de sistemas de IA de acceso público sin medidas adecuadas de seguridad o anonimización.
Artículo 13. Propiedad intelectual y método
13.1. Los análisis jurídicos, asesoramientos, reflexiones estratégicas, textos, conceptos, modelos y comunicación escrita de PEETERS LAW constituyen comunicación profesional confidencial dentro de la relación abogado-cliente y pueden constituir creaciones intelectuales propias de PEETERS LAW en el sentido del derecho de propiedad intelectual aplicable.
13.2. En la medida en que gocen de protección en virtud del derecho de propiedad intelectual o industrial aplicable, los textos originales, modelos analíticos, esquemas, plantillas, representaciones gráficas, denominaciones y demás expresiones concretas de los métodos desarrollados por PEETERS LAW quedan reservados a sus respectivos titulares de derechos.
Las ideas, principios, métodos de análisis y razonamientos jurídicos subyacentes no quedan, como tales, sometidos a un derecho exclusivo de propiedad intelectual o industrial por el mero efecto de la presente disposición.
La presente disposición se entiende sin perjuicio de los eventuales derechos distintos sobre denominaciones protegidas, marcas, información confidencial o secretos empresariales, siempre que se cumplan los requisitos legales aplicables.
13.3. El cliente obtiene únicamente un derecho de uso no exclusivo e intransferible, limitado a la finalidad para la que se elaboraron los documentos.
13.4. Salvo obligaciones legales o la defensa estrictamente necesaria de intereses legítimos, los documentos, asesoramientos, textos o métodos de PEETERS LAW no pueden reproducirse, publicarse, utilizarse comercialmente ni difundirse fuera de su contexto original sin autorización previa por escrito.
Las restricciones anteriores se aplican únicamente dentro de los límites de su respectivo fundamento: (i) los derechos de propiedad intelectual o industrial reconocidos por la ley, que protegen los documentos y textos originales y las demás expresiones concretas protegidas de PEETERS LAW; (ii) el secreto profesional; (iii) la confidencialidad de la comunicación profesional; o (iv) una restricción contractual de uso distinta y válida.
La presente disposición no crea derechos exclusivos de propiedad intelectual o industrial sobre ideas abstractas, conocimientos jurídicos generales o métodos que, como tales, no estén protegidos por la ley. Se entiende sin perjuicio de las excepciones legales y de los derechos que el cliente obtiene de la ley o del encargo, incluido el uso de los documentos elaborados a su favor conforme al artículo 13.3.
Artículo 14. Protección de datos (RGPD)
14.1. PEETERS LAW actúa como responsable del tratamiento de los datos personales que trata en el marco de su prestación de servicios y obra conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la legislación de desarrollo belga y española aplicable.
14.2. Los datos personales se tratan con vistas a la ejecución del encargo, el cumplimiento de obligaciones legales y deontológicas, la gestión de la relación con el cliente y la defensa de los intereses legítimos del cliente y de PEETERS LAW.
14.3. Los datos personales no se conservan durante más tiempo del necesario para estas finalidades y conforme a los plazos de conservación indicados en el artículo 15.
14.4. En el marco de su práctica transfronteriza, PEETERS LAW puede tratar o hacer tratar datos dentro del Espacio Económico Europeo, incluida España; las transferencias fuera del EEE solo se producen mediante garantías adecuadas conforme al RGPD.
14.5. El interesado en el sentido del RGPD dispone de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición conforme al RGPD, en la medida en que no sean contrarios al secreto profesional o a obligaciones legales de conservación. Las solicitudes pueden dirigirse a info@peeterslaw.com.
14.6. El interesado en el sentido del RGPD tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente, en Bélgica la Autoridad de Protección de Datos belga (GBA), o en España la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Artículo 15. Conservación de expedientes
15.1. PEETERS LAW conserva los expedientes y documentos durante un plazo que asciende en principio a cinco años tras el cierre del expediente, sin perjuicio de plazos más largos que resulten de obligaciones legales, fiscales, deontológicas o profesionales, o que sean necesarios para la protección de los intereses del cliente o de PEETERS LAW.
15.2. Una vez transcurrido el plazo de conservación aplicable, el expediente puede destruirse de forma segura sin notificación previa.
15.3. Los documentos originales que pertenecen al cliente se ponen a su disposición a primera solicitud y, a más tardar, al vencimiento del plazo de conservación.
Artículo 16. Terminación del encargo
16.1. PEETERS LAW y el cliente pueden poner fin a la colaboración conforme a las normas legales y deontológicas aplicables.
16.2. PEETERS LAW se reserva el derecho de poner fin a su intervención si la confianza entre abogada y cliente se ve gravemente perturbada, si las obligaciones legales así lo exigen o si el cliente incumple sus obligaciones contractuales, observando las normas deontológicas relativas a la continuidad de la asistencia.
Artículo 17. Fuerza mayor, actores externos y sistemas digitales
17.1. PEETERS LAW no es responsable de retrasos o incumplimientos causados por fuerza mayor o por circunstancias ajenas a su control razonable, entre ellas incidentes cibernéticos, fallos técnicos, huelgas, pandemias, medidas gubernamentales, problemas de red o fallos de sistemas digitales.
17.2. PEETERS LAW depende, para determinados componentes de la prestación de servicios, de factores y sistemas externos, entre ellos tribunales, secretarías judiciales, administraciones, plataformas de presentación electrónica, servicios postales y de mensajería nacionales y extranjeros, instancias extranjeras, corresponsales, operadores de red y otros terceros sobre los que no ejerce un control decisivo. Salvo culpa grave, fraude o dolo, PEETERS LAW no puede ser considerada responsable de retrasos, fallos técnicos, errores de tratamiento, problemas de transmisión, retraso o pérdida de envíos postales, pérdida de datos, registros erróneos, interrupciones del sistema u otros incumplimientos que tengan su origen en tales actores o sistemas externos ajenos al control razonable de PEETERS LAW.
Artículo 18. Asuntos transfronterizos
18.1. El cliente reconoce que los asuntos transfronterizos comprenden varios sistemas jurídicos, lenguas, administraciones, registros, instancias judiciales e intermediarios profesionales. El cliente reconoce que la duración, la complejidad y el coste de tales expedientes dependen en parte de factores ajenos al control de PEETERS LAW. El cliente reconoce que los plazos, los tiempos de tramitación, los requisitos administrativos y las interpretaciones de las autoridades extranjeras pueden diferir de los habituales en Bélgica.
18.2. PEETERS LAW se compromete a coordinar tales expedientes con diligencia, sin poder ofrecer garantía alguna respecto de circunstancias fácticas tales como la rapidez de los procedimientos extranjeros, las decisiones administrativas o la conducta de las autoridades extranjeras.
Artículo 19. Traducciones
19.1. Las traducciones de documentos, contratos, dictámenes o condiciones generales se facilitan únicamente a título informativo.
19.2. En caso de divergencia entre las versiones lingüísticas, prevalece la versión auténtica a que se refiere el artículo 22.1.
Artículo 20. Prueba y comunicación
20.1. PEETERS LAW puede confiar en las comunicaciones procedentes de la última dirección de correo electrónico, número de teléfono o dirección de correspondencia comunicados por el cliente.
20.2. El cliente es responsable de comunicar cualquier modificación de sus datos de contacto.
20.3. Salvo prueba en contrario, los correos electrónicos, mensajes digitales, escaneos y documentos electrónicos hacen fe de la comunicación entre las partes.
Artículo 21. Derecho aplicable y tribunal competente
21.1. Salvo disposiciones legales imperativas, la relación jurídica entre PEETERS LAW y el cliente se rige por el Derecho belga.
21.2. Los litigios corresponden en principio a la competencia de los tribunales de Bruselas (sección neerlandófona), sin perjuicio del artículo 624 del Código Judicial, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 y de las disposiciones imperativas en materia de protección de los consumidores, entre ellas el derecho del consumidor a acudir al juez de su domicilio.
Artículo 22. Lengua, gestión de versiones y modificaciones
22.1. Estas condiciones generales pueden ponerse a disposición en distintos idiomas. El texto en neerlandés constituye la versión auténtica y prevalece sobre las demás versiones lingüísticas en caso de divergencias de interpretación o de redacción, sin perjuicio de las disposiciones de derecho imperativo, incluidas las normas aplicables en materia de protección de los consumidores.
22.2. Estas condiciones generales pueden adaptarse de tiempo en tiempo. Cada versión lleva un número de versión y una fecha. La versión aplicable a un encargo es la que regía en el momento de la aceptación de dicho encargo; PEETERS LAW conserva las versiones sucesivas con vistas a la prueba.
22.3. La versión más reciente está disponible a través del sitio web de PEETERS LAW o a simple solicitud y se aplica a todos los encargos aceptados tras la fecha de publicación.
Artículo 23. Coordinación de la estrategia procesal y deber de colaboración del cliente
23.1. Cuando esté pendiente un procedimiento judicial, administrativo o arbitral, la coordinación de la estrategia procesal corresponde al abogado.
23.2. El cliente se compromete a no llevar a cabo negociaciones sobre el fondo, a no adoptar posiciones procesales y a no mantener correspondencia con la parte contraria o su letrado en relación con el objeto del litigio sin consulta previa con el abogado y sin coordinación con este.
23.3. Si el cliente se aparta de ello, reconoce que tales actos pueden afectar a la coherencia de la estrategia procesal y dificultar la defensa de sus intereses. El cliente acepta que el abogado no puede ser considerado responsable de las consecuencias que se deriven directamente de actos o declaraciones realizados sin su conocimiento o sin coordinación previa.
23.4. Si el abogado considera que, por ello, ya no es posible una defensa adecuada y coherente, se reserva el derecho de poner fin a su encargo de conformidad con las normas legales y deontológicas aplicables.
PEETERS LAW — Ubi Ius, Ibi Remedium